La Comisión Europea ha reprochado a Angela Merkel su decisión de no apoyar el límite de 95 g/km de CO2 para 2020. Bruselas recuerda a la canciller alemana que sí es posible proteger el medio ambiente y mantener los puestos de trabajo.
La Comisión Europea ha replicado a la canciller Angela Merkel, ante su rechazo a aceptar la norma comunitaria para obligar a los fabricantes de coches a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los nuevos vehículos hasta los 95 gramos por kilómetros hasta 2020, que no hay “contradicción” entre proteger el medioambiente y los empleos en el sector del automóvil y la economía verde.
“No creemos que haya una contracción entre la creación de empleo y la protección de empleos en Alemania u otras partes y la protección climática”, ha replicado el portavoz de Clima de la Comisión Europea, Isaac Valero, en rueda de prensa.
“Una normativa que penalice hasta ese punto a los fabricantes de grandes vehículos, como es el caso con el proyecto actual de Bruselas, para mí no es razonable”, había asegurado la canciller en una entrevista con la agencia DPA. “Varios cientos de miles de empleos dependen de la industria automovilística alemana, incluido más allá de nuestras fronteras, fuera. Esto no hay que perderlo de vista”, ha insistido la canciller.
“Algunos de nuestros fabricantes, que producen mayoritariamente vehículos grandes, incluso si se trata de (vehículos) más eficaces y más innovadores en su segmento, se verían muy penalizados por este proyecto europeo actual y los empleos en Alemania serían amenazados”, ha recalcado la canciller.
Con todo, Merkel ha querido dejar claro que está “a favor totalmente de fijar objetivos ambiciosos a los constructores”. “La industria del automóvil debe contribuir a la protección del medioambiente. Pero en este marco, lo que exigimos de ella debe ser técnicamente viable”, ha apostillado.
Hay que recordar que Alemania bloqueó el pasado 27 de junio el acuerdo alcanzado entre la anterior presidencia irlandesa de la UE y la Eurocámara sobre la norma que obligará a los fabricantes de coches a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) los vehículos hasta 95 gramos por kilómetro de aquí a 2020.
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