Dictan una multa ejemplarizante a un conductor por insultar a agentes de la Guardia Civil desde sus redes sociales.
Imagina la situación. Te multan por una infracción de tráfico y, con razón o sin ella, muchas veces te acuerdas de la familia de aquellos que te han multado, ya sean agentes de la policía, guardias civiles o cualquier tipo de autoridad con competencias.
Pues, si te vuelve a pasar, te recomendamos que ese cabreo no lo exteriorices en exceso y mucho menos lo pongas negro sobre blanco en un papel o en redes sociales. Y es que un juez ha condenado a un conductor a pagar más de 2.500 euros por insultar en redes sociales a los guardias civiles que le habían multado.
“Los insultos y las amenazas tienen un precio”
Los agentes le habían denunciado por insultos y amenazas y han logrado el triunfo en el juzgado, teniendo el denunciado que asumir la citada multa y las costas del juicio.
Tenemos que remontarnos a abril de 2017, fecha en la que el conductor fue sancionado por discutir con otro individuo por un estacionamiento indebido. En el fragor del enfrentamiento, el acusado cogió las llaves del vehículo del otro conductor y las tiró por la alcantarilla, hecho que provocó la denuncia de la Guardia Civil.
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Todavía con el “calentón”, al acusado no se le ocurrió otra cosa que, posteriormente, relatar su versión de los hechos a través de las redes sociales. “El otro día me multaron tres agentes de la Guardia Civil con 100 euros que pagaré gustoso, pero ellos son unos corruptos y el comandante de la guardia civil de los Palacios otro corrupto que me tomó DNI, supongo que me caerá otra multa; repito señor comandante eres un corrupto, escribió.
Y tenía razón, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) decidió interponer una denuncia contra el conductor y el resultado es una multa de 1.000 euros y una indemnización de 500 euros a cada agente “citado” por el acusado en redes sociales.
“Los hechos que se han declarado probados son legalmente constitutivos de un delito de injurias vertidas con publicidad contra funcionario público establecido en el Código Penal, del que debe responder el acusado”, explican los abogados de AUGC. “Esta sentencia corrobora en firme que los insultos y amenazas tienen un precio”, concluyen los letrados.
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