Las nuevas tarifas en el transporte público español han llamado la atención de las empresas que, calculando el número de ingresos y el coste del servicio público, certifican que las pérdidas pueden ser considerables.
En estos últimos meses varios ayuntamientos y comunidades han lanzado nuevos precios y medidas en sus tarifas con el fin de favorecer a las peticiones de los ciudadanos de reducir el precio del transporte público. Así, si somos menores de 26 años y queremos comprar el abono mensual, tan solo nos costará 20 euros y podremos desplazarnos por toda la Comunidad de Madrid. Además, el abono anual de 10 euros para desempleados también está vigente en Valencia, o viajes gratis a los menores de 6 años en Vizcaya.
Ante esta situación cabe preguntarnos ¿de dónde van a conseguir recaudar el dinero para pagar los costes del transporte público? La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) ha demandado la creación de una ley de financiación para que las reducciones de las tarifas se hagan dentro de un marco estable y sostenible al sistema básico en el estado del bienestar.
Según ATUC, los colectivos como pueden ser discapacitados, desempleados o personas de la tercera edad, deben obtener subvenciones especiales que, sin embargo, no aparecen establecidas en la ley de financiación.
Por otro lado, la empresa cree que la reducción del coste del abono mensual para los jóvenes puede suponer una pérdida de ingresos de hasta 80 millones de euros en venta de billetes. Por lo que, ese dinero debe ser asumido por los responsables para poder pagar el presupuesto destinado al servicio de transporte público.
Las más de 40.000 personas que trabajan para este servicio suponen entre un 65 y un 70% de los costes, pero además, habría que tener en cuenta los gastos en electricidad, los servicios de limpieza y seguridad que podrían rondar los 5.000 millones de euros.
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