La Comisión Europea da un ultimátum al Gobierno de España para que implemente la nueva normativa de peajes y viñetas en un plazo de dos meses.
El debate acerca de la implantación de peajes en las carreteras españolas vuelve a estar en el centro de la agenda política, esta vez con un ultimátum por parte de la Comisión Europea (CE). Y es que Bruselas exige al Gobierno de España que adopte la nueva normativa sobre peajes y viñetas, que debería haber entrado en vigor en marzo de este año.
Esta medida forma parte de las directrices europeas mediante las cuales se imponen tasas basadas en la distancia (peajes) y en el tiempo (viñetas) para financiar los costes de construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte. Además, la normativa también pretende garantizar un sistema sostenible mediante el concepto de tarificación, que consiste en la imposición de tasas en función de las emisiones de CO2 de los vehículos, promoviendo el principio de «quien contamina, paga».
En esta situación se ha visto envuelta España junto con siete países más de la Unión Europea (UE), los cuales no han adaptado esta normativa. Esto ha llevado a la CE a enviar un comunicado que recoge que si en un plazo de dos meses no se aplican las medidas correspondientes, el caso podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, si España (y el resto de países) no instaura estos nuevos peajes, podría enfrentar sanciones económicas.
El Gobierno no establecerá nuevos peajes
Por su parte, los transportistas y conductores habituales de las carreteras han expresado su preocupación por el posible impacto económico que provocaría la implantación de nuevos peajes. Organizaciones del transporte ya han solicitado reuniones con el Ejecutivo para analizar las posibles repercusiones y plantear soluciones que no perjudiquen la competitividad de sus actividades.
Para calmar las aguas, el Gobierno de España ha informado de que esta normativa no implica ninguna alteración en el modelo de tarifas vigente para las autopistas en régimen de concesión, por lo que «no se establecerán nuevos peajes ni se cambiarán las tarifas», según informan fuentes del Ministerio de Transporte.
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Es por ello que el debate sobre quién debe asumir los costes del mantenimiento de las carreteras sigue abierto, mientras el plazo de dos meses impuesto por la Comisión Europea avanza, dejando poco margen para que el Gobierno evite un conflicto con Bruselas y posibles sanciones.
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