Según Fidex (Foro para la Ingenieria de Excelencia), lograr la adjudicación de una obra pública exige recurrir a lo que ellos denominan "ingeniería low cost". Reducciones en los costes de obra de hasta el 60% son ya casi una obligación, lo que implica una merma en la calidad y no siempre el resultado sale rentable.
No sé cuántas veces habré escuchado aquello de ” lo barato sale caro“, una máxima que suele cumplirse en muchas ocasiones. Si vemos la lista de matriculaciones de vehículos nuevos a particulares en los últimos tiempos hay una marca que se repite de manera incesante en cabeza, tal vez la marca de coches “low cost” más conocida en nuestro mercado.
Por lo que indica el informe presentado por Fidex (Foro para la Ingeniería de Excelencia), parece que las autoridades han pensado que ya que el parque automovilístico es low cost, también deberían serlo las infraestructuras. En efecto, la ingeniería low cost garantiza 70 de los 100 puntos necesarios para lograr la adjudicación de una obra pública. En el caso de Adif (infraestructuras ferroviarias) el caso es todavía más escandaloso, pues solictia una relación precio/calidad del 75/25 por ciento, pero la palma se la lleva Aena, quien otorga el 100% del peso de la licitación al precio tras la acreditación de una mínima capacidad técnica.
En el caso de las obras cuya adjudicación es competencia de la comunidad autónoma el panorama es más desolador incluso. Madrid, Asturias y Castilla León ponen en el precio más bajo el 100% de la puntuación.
El hecho de presentar el proyecto más barato a concurso no implica que la ejecución final de la obra se lleve a cabo con el menor coste, al contrario. Toda esta devaluación de la ingeniería supone que en la fase posterior de ejecución de las obras aparezcan imprevistos y sobrecostes que pueden llegar a encarecer el presupuesto licitado en más de un 50%. Esta situación se podría evitar tan solo aumentando en dos puntos la inversión en ingeniería, hasta el 5%, lo que supondría ahorros de hasta el 30% en el coste de ejecución de las obras y se cumplirían los plazos previstos para su finalización.
Desde la patronal de ingenierías se reclama que el peso de la calidad a la hora de adjudicar un proyecto sea del 80%, en línea con las directrices de la Comisión Europea y de países maduros como Estados Unidos, Alemania o Suiza, donde se selecciona a la mejor ingeniería, no a la más barata. El ejemplo de estos países muestra que la calidad, y no solo el precio, es cuantificable y, por tanto, puntuable, tal y como muestran los pliegos de condiciones de entidades como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial.
A esta situación extrema se ha llegado tras una involución legislativa, con hasta cinco cambios legales desde los años 70, en los que a contracorriente de la normativa europea, se ha hecho gradualmente desaparecer el reconocimiento del carácter intelectual de la ingeniería hasta equipararlo a cualquier otro contrato de servicio, como puede ser la limpieza de los despachos del Ministerio de Fomento.
Precisamente, el actual marco legal en España obvia el carácter intelectual de los servicios de ingeniería, clave para considerar la calidad del proyecto y no convertir una licitación en una mera subasta. En este sentido, tanto el Gobierno como las Cortes que salgan elegidas de las elecciones generales del 20 de diciembre tienen la oportunidad de cambiar el modelo de contratación en línea con la Directiva Europea que debe trasponerse en 2016 en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Según el director general de Fidex, Fernando Argüello, “una trasposición correcta del texto comunitario a la legislación española supondría reconocer el carácter intelectual de los trabajos de ingeniería, buscando el mejor resultado dentro de unos límites aceptables para el precio propuestos por la propia Administración antes de licitar. Adjudicar al mejor postor no puede ser una máxima de trabajo en los proyectos de ingeniería”.
La Directiva Europea de Contratación Pública, además de otorgar carácter intelectual a los trabajos de ingeniería priorizando la calidad por encima del precio, introduciría de nuevo en la legislación española el concepto de “oferta económicamente más ventajosa”, en lugar de “oferta más barata”. Esto significa que el precio seguiría estando presente en la decisión de adjudicación, pero ya no es el factor determinante, “por lo que se pondría fin a la subasta de la ingeniería al mejor postor”, señala Argüello.
Fuente Ion Comunicacion
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