Tesla ha sido demandada en California por emitir más gases nocivos que infringen la legislación local y que provienen de su taller de pintura.
Tesla llegó como marca para popularizar los vehículos eléctricos en el mundo. Y lo consiguió, mandando un mensaje al resto de fabricantes de que apostaran por producir vehículos que no contaminaran.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, al menos para un grupo ecologista californiano, que acaba de denunciar a la marca porque, según sus cálculos, la principal fábrica del fabricante de automóviles en California emite gases nocivos que infringen la legislación local.
El taller de pintura de Tesla, máximo responsable
Environmental Democracy Project ha presentado la demanda a principios de esta semana, alegando que la fábrica de Tesla en Fremont, cerca de San José y San Francisco, ha violado “cientos de veces” la Ley de Aire Limpio de California.
En la actualidad, la planta produce la gama principal de Tesla (Model Y, Model 3, Model S y Model X) para los mercados con volante a la izquierda. Según el grupo sin ánimo de lucro, la instalación ha expuesto a los residentes cercanos de la región, así como a sus propios trabajadores, a óxidos de nitrógeno, arsénico, cadmio y otros productos químicos nocivos, principalmente procedentes de su taller de pintura, desde enero de 2021.
El grupo ecologista demandante solicita una orden judicial para detener la contaminación, así como multas de hasta 121.275 dólares (unos 111.000 euros) por cada día que siga infringiendo la ley.
Esta no es la primera ocasión en la que Tesla se enfrenta a una demanda por problemas medioambientales en California. En 2021 llegó a un acuerdo con el Distrito de Gestión de la Calidad del Área de la Bahía por el que pagó un millón de dólares (920.000 euros) como multa e instaló paneles solares en su tejado después de que se detectaran 33 infracciones en sus instalaciones de Fremont.
¿Qué medida ha vuelto a tomar Tesla para recuperar ventas?
Igualmente, hace un par de meses, la empresa pagó 1,5 millones de dólares (1,38 millones de euros) para llegar a un acuerdo con 25 condados de California que presentaron una demanda por residuos peligrosos mal etiquetados, desde gasóleo hasta baterías de plomo.
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