La Unión Europea no cede ante las numerosas peticiones de los fabricantes de retrasar o retirar la ley anticontaminación que entrará en vigor a mediados de 2025.
Se cumplen más de dos años desde la aprobación de la ley anticontaminación 2025 mediante la cual la Unión Europea impondrá un nuevo límite de emisiones para los fabricantes de la industria automotriz. Esta nueva medida supone reducir el límite actual de emisiones de carbono (116 gr/km), situándolo por debajo de los 95 gr/km. Una reducción que complica mucho la situación a los fabricantes europeos, quienes se han visto en la necesidad de solicitar retrasos e incluso la retirada de esta normativa.
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Pues bien, según la información del medio Reuters, el comisario de Acción Climática de la Comisión Europea (CE), Wopke Bastiaan Hoekstra, ha señalado que la CE no relajará ni retirará las políticas europeas para reducir las emisiones de CO2 de los turismos ligeros y furgonetas de cara a 2035. «No. La respuesta es no», ha dicho el comisario de la CE.
Desde la UE, dejan claro que las normativas anticontaminación son estrictamente necesarias para cumplir los objetivos de emisiones en Europa y alcanzar la neutralidad climática, además de crear un entorno de inversión claro y estable para las empresas europeas.
Multas de hasta 15 millones de euros
En este contexto, son muchos los fabricantes que están contra las cuerdas, sin tiempo para alcanzar la barrera de emisiones impuesta por la UE, lo que podría costarles multas millonarias. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), esta situación obligará a las marcas a detener la producción de aproximadamente dos millones de vehículos o afrontar multas de hasta 13.000 millones de euros para los turismos y 15.000 millones para las furgonetas, por no cumplir con los objetivos para 2025.
Así lo ha reflejado la ACEA advirtiendo que «La industria de la Unión Europea no tendrá más remedio que recortar significativamente la producción, lo que pone en peligro millones de empleos en Europa, perjudica a los consumidores y repercute negativamente en la competitividad y la seguridad económica de la UE».
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