La marca busca la manera de compensar a los clientes europeos afectados por sus motores diésel. Mientras tanto, FACUA, en España, trabaja para dar soporte a los clientes de Volkswagen, al tiempo que prepara su estrategia judicial.
Volkswagen trabaja a marchas forzadas para solventar lo ocurrido con sus motores diésel. La marca alemana, según su nuevo CEO Matthias Müller, quiere recuperar hasta 11 millones de vehículos en todo el mundo bajo el plan de reacondicionamiento integral de sus vehículos vendidos.
En los próximos días, el fabricante se pondrá en contacto con los 5 millones de usuarios de motores trucados Volkswagen, al igual que Audi tendrá que hablar con sus 2,1 millones de clientes afectados. Por su parte, Skoda tendrá que solucionar los problemas de 1,2 millones de personas mientras Seat, por lo que se ha conocido hoy, tendrá que contactar con 700.000 consumidores perjudicados.
Los motores fraudulentos siguen apareciendo por toda Europa. De momento, se sabe que han alcanzado a los mercados de España, Suiza, Italia, Países Bajos o Bélgica. Por supuesto, también a su país natal, Alemania, cuyo gobierno ha amenazado con quitar la homologación de sus coches si no ofrecen un plan para los próximos diez días. Desde Volkswagen se plantean crear webs en los diversos países afectados para que los propios usuarios sepan si su coche está mal y que solución obtener.
Manos a la obra en España
Mientras tanto, Facua- Consumidores en Acción exige responsabilidades en España y advierte a los afectados por el parón de la producción de vehículos diésel. Según esta asociaciones, aquellos que han reservado un Volkswagen adulterado pueden reclamar la resolución de los contratos y la devolución íntegra del dinero que hubieran adelantado para sus nuevos coches.
La medida afecta potencialmente, según estas asociaciones, a 3.320 vehículos, aquellos que debieron ser fabricados siguiendo las directrices de la norma europea de emisiones Euro 5, según la cual los automóviles diésel debían emitir un máximo de 160 mg/km de óxidos de nitrógeno (NOx).
La línea de actuación de esta asociación de defensa de los consumidores es clara: la primera denuncia será remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que solicitará la apertura de una investigación y la incoación de un expediente sancionador. Tras ella, FACUA se dirigirá a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autonómas.
La asociación exigirá sanciones proporcionales a la gravedad del fraude que la empresa ha cometido durante casi una década, que además de un engaño masivo sobre las características de sus vehículos representa un atentado contra el medio ambiente y la salud de los consumidores.
Por su parte, el Defensor del Paciente ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional. Su presidenta, Carmen Flores, entiende que la justicia “debe hacerse cargo cuanto antes de este atentado contra la salud”, que además ha supuesto un engaño, un daño moral y un atentado a la dignidad de los compradores.
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