En el marco de la iniciativa Drive Forward, espacio formativo para profesionales del sector del automóvil, charlamos con Tania Puche de Ganvam para analizar cómo afectará la normativa CAFE a la industria del automóvil.
Se podría decir que 2025 es el año del café, pero no del que estas pensando. Y es que el 1 de enero de 2025 entró en vigor la normativa CAFE (Emisiones de combustible Medias Corporativas), una regulación de la Unión Europea (UE) diseñada para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos nuevos. Con esta medida, implantada en 2020, se establecen límites de emisiones cada vez más estrictos para los fabricantes de automóviles en Europa.
El principal objetivo de la normativa CAFE es disminuir las emisiones de CO2 de los vehículos, contribuyendo de este modo a la descarbonización del sector del transporte y al cumplimiento de los compromisos medioambientales europeos. Para ello, en 2025, la normativa fija un límite promedio de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro para todos los coches vendidos en la UE, lo que representa una reducción de 21,5 gramos respecto al límite anterior, de 115,1 gramos. Este nuevo límite de emisiones supone todo un reto para la industria del automóvil, ya que obliga a los fabricantes a acelerar su transición hacia la movilidad eléctrica vendiendo, como no puede ser de otra forma, más vehículos electrificados.
Para analizar mejor este panorama, es fundamental entender cómo el sector está abordando los cambios de mercado y qué oportunidades pueden surgir en este proceso de transición. En este sentido, la tertulia entre Sumauto y Ganvam examina los desafíos que enfrenta el sector automovilístico en España y cómo la normativa CAFE está marcando el rumbo hacia una movilidad más sostenible.
A quién afecta la normativa CAFE
La normativa CAFE afecta directamente a los fabricantes de automóviles que comercializan vehículos en la Unión Europea. Estos deben asegurarse de que la media de emisiones de sus flotas cumpla obligatoriamente con el límite de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro. Esta reducción de emisiones será progresiva, de tal manera que, hasta 2029, se mantendrá el límite actual y a partir de este año descenderá hasta los 49,5 gramos. A partir de 2035, la UE quiere aplicar un límite de emisiones de 0 gramos por kilómetro, lo que implicará que no podrán seguir vendiéndose vehículos de gasolina, diésel e híbridos.
Según Ignacio García Rojí, portavoz de Sumauto, «la normativa CAFE es muy restrictiva, pero aquí el peligro lo tenemos con el riesgo de sanciones por no cumplir con los objetivos de emisiones». Y es que en caso de no cumplir los límites de emisiones, los fabricantes se enfrentan a sanciones económicas considerables: por cada gramo de CO2 que se exceda, deberán pagar 95 euros multiplicados por el número de vehículos vendidos.
Cómo afecta la normativa CAFE al mercado
El mercado automovilístico se encuentra en una etapa de transformación marcada por la irrupción de marcas chinas, la electrificación y los cambios en los hábitos de consumo. La normativa CAFE juega un papel fundamental en este contexto de cambios, ya que establece límites de emisiones cada vez más estrictos para los fabricantes, obligándolos a acelerar la electrificación de sus flotas.
Sin embargo, este proceso no es sencillo, especialmente en un mercado donde las rentas medias tienen dificultades para acceder a vehículos nuevos debido al gran aumento en sus precios en la última década. Así lo refleja García Rojí: «Hicimos un estudio reciente y cogimos el top 10 de lo que se vendió en España en 2014 y el top 10 de lo que se ha vendido en 2024 […] Y cuando vimos el precio medio, que lo tuvimos que revisar hasta en cuatro ocasiones, vimos que la diferencia es de un 68%».
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Esta situación puede contravenir los objetivos de la normativa CAFE, ya que, en lugar de renovar el parque automovilístico con la compra de coches nuevos y menos contaminantes, muchos consumidores seguirán recurriendo a vehículos de segunda mano con mayores niveles de emisiones. Como alternativa, el mercado de vehículos de ocasión (VO) y las soluciones de movilidad compartida están ganando terreno, ya que cada vez más conductores optan por alternativas flexibles y asequibles, como el renting de vehículos seminuevos o el uso de plataformas de carsharing.
Asimismo, las marcas chinas han emergido como una alternativa clave para hacer frente a los desafíos de la normativa CAFE. Estas han logrado posicionarse en el mercado gracias a sus vehículos asequibles y, aunque lo parezca, no deberían considerarse una amenaza para la industria europea, si no una alternativa para acelerar la electromovilidad sin desajustar los bolsillos. Según Tania Puche, directora de Comunicación de Ganvam, «las marcas chinas son una oportunidad de negocio para el distribuidor y son una oportunidad también para ofrecerle al consumidor una solución de movilidad a un precio asequible».
Consecuencias de la normativa CAFE para el sector automovilístico
La entrada de la normativa CAFE pone sobre la mesa varias problemáticas para la industria automotriz. Entre ellas, la cuota de vehículos electrificados, que según Tania Puche «con los últimos acontecimientos que hemos vivido, como el fin del Plan MOVES, si analizamos cómo va a ir el mercado por fuentes de energía, la cuota de vehículos electrificados se va a quedar en un 12% aproximadamente. Y necesitaríamos que fuera de un 25%». Asimismo, Puche cree que el híbrido no enchufable se convertirá en el protagonista, y estima que «ocupará más del 40% de las matriculaciones».
Esta situación implicará que, si no se venden suficientes eléctricos, las marcas tendrán que vender menos coches de combustión para evitar superar el límite de emisiones y esquivar las multas. García Rojí refleja este riesgo poniéndose en la piel de los fabricantes: «Para que no me multen, voy a dejar de vender una parte precisamente de lo que más estoy vendiendo. Voy a fabricar menos de lo que no estoy vendiendo y voy a matar el mercado. Nadie quiere llegar a ese punto».
Además, la reducción en la producción de vehículos de combustión interno afectaría negativamente a las plantas de fabricación, lo que pondría en riesgo numerosos puestos de trabajo. Por ello, esta normativa podría tener un impacto significativo en el sector, precisamente en España, donde el 90,8% de los coches producidos son de combustión.
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